Por Manuel Gómez Gutiérrez-Torrenova, Director del Programa Finanzas para la Sostenibilidad y el Cambio Climático del IEB y presidente de Avangreen.
Una coyuntura de alta liquidez y bajos tipos de interés en el mercado de capitales, la rentabilidad de los proyectos ligados al desarrollo de infraestructuras sostenibles resulta extremadamente atractiva. Si consideramos el tipo de interés medio en los países de la OCDE frente a la tasa de rentabilidad media de los activos y proyectos ligados a infraestructuras sostenibles, existe una substancial prima de rentabilidad por cada euro invertido en el sector verde frente a los tipos de interés de referencia en el mercado a largo plazo.
La principal razón se fundamenta sin duda en el alto grado de competitividad de las tecnologías sostenibles en la actualidad. El caso del sector energético resulta paradigmático. Las energías renovables se han visto obligadas a hiper-competir en un mercado extremadamente difícil, plagado de barreras de entrada y con no pocas dificultades exógenas. Esta hiper-competencia ha tensado de tal modo a la industria renovable que ha tornado el contexto de hiper-competencia en hiper-competitividad. Los costes de inversión se han reducido drásticamente conducidos por dos factores fundamentales, el avance tecnológico y el incremento de la oferta
El trinomio rentabilidad – plazo – volatilidad parece jugar a favor de la economía verde, al menos en términos relativos respecto a otras alternativas de inversión. Las inversiones verdes están ligadas a sectores como las infraestructuras energéticas, transporte, tratamiento de aguas, etc… En esencia, estos sectores se soportan sobre activos a largo plazo y con baja volatilidad subyacente. Pero es que además, los sectores donde se juega el partido de la economía verde son intensivos en capital. Es aquí donde, volviendo a la actual coyuntura, se genera un circulo virtuoso que estimula la inversión. Dado que la ecuación rentabilidad – plazo- volatilidad parece jugar a favor de las inversiones verdes, si le sumamos la coyuntura actual de bajos tipos de interés y alta liquidez en los mercados de capitales, el futuro parece aún más proclive para la inversión en infraestructuras sostenibles.
Por otro lado, recientes estudios apuntan que la transición hacia una nueva economía de bajo carbono, lejos de resultar prohibitiva, parece alcanzable e incluso más barata de lo estimado. Según datos de la OCDE, la inversión prevista en infraestructuras en los próximos 15 años se cifra en 6 trillones de dólares americanos anuales.
Es decir, un total de 90 trillones de dólares en total (en valor constante) para los próximos 15 años. Lo asombroso del caso es que, debido al incesante abaratamiento y evolución tecnológica de ciertas tecnologías, si valoramos el coste marginal de realizar estas infraestructuras desde un punto de vista sostenible, el coste marginal de la transición a una economía de bajo carbono resultaría prácticamente irrelevante. Todo ello con un importantísimo negocio a desarrollar en los próximos años.
Sin duda este escenario aporta interesantes derivadas geoestratégicas a la vez que exige un gran compromiso político y gubernamental. En este sentido, la apuesta de la comunidad internacional es más firme que nunca tras el acuerdo de París en la COP21 y sucesivos desarrollos. Desde una perspectiva cortoplacista, algunas amenazas como la influencia de la administración Trump podrían entenderse como fundamentales pero en realidad tienen trascendencia real relativa. La estrategia internacional contra el cambio climático trasciende ampliamente en el tiempo el mandato de una u otra administración. Es un partido a muy largo plazo que en la actualidad goza del mayor consenso internacional y ha desencadenado ya cambios profundos en los cimientos del sistema productivo global. No en vano, a pesar de su coyuntura política, EEUU fue el segundo inversor mundial en energías renovables en 2016 y es el tercer emisor de bonos verdes en 2017.
China es sin duda otro actor trascendental en la lucha contra el cambio climático. Tomando de nuevo como referencia el caso particular de las emisiones de bonos verdes, se han producido dos anuncios recientes muy importantes. El banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) emitió su primer bono verde seguido del Banco de Desarrollo de China (China Development Bank’s) el 10 de Noviembre. Estos movimientos envían una señal contundente a otros bancos globales para incrementar sus compromisos en la financiación sostenible. Ambas emisiones han sido certificadas según los estándares y principios internacionales de bonos climáticos.
Resulta sin duda un indicador claro y positivo de que los bancos más importantes de China persiguen las mejores prácticas internacionales en la emisión y clasificación de estos bonos. De repente, China ha irrumpido en 2017 en el mercado de bonos verdes como segundo emisor mundial con un volumen superior a los $12bn. Estos signos no son casualidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el impacto del coste sanitario derivado de la contaminación en China podría alcanzar el 11% de su PIB.
A nivel local, España afronta desafíos regulatorios y de mercado. Por un lado, la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética prevista para el primer semestre de 2018 debe marcar la hoja de ruta del compromiso de España en la lucha contra el cambio climático y sentar las bases para la necesaria estabilidad regulatoria que permita el florecimiento de la inversión en infraestructuras sostenibles. El otro desafío tiene que ver con nuestro mercado financiero. Debe facilitarse al tejido empresarial español el acceso a las nuevas vías de financiación y a nuevos instrumentos en el mercado de capitales. España es un país demasiado bancarizado en lo que se refiere a los mecanismos de financiación de empresas e instituciones y esto no sucede en otros países, donde existe una mayor diversificación en las fuentes de financiación. Utilizando las emisiones de bonos como ejemplo, en España son prácticamente un mecanismo exclusivo de las grandes corporaciones. Ya existen incluso, grandes emisiones de bonos verdes y seguirán creciendo con fuerza pero, el salto cualitativo se producirá cuando instituciones de menor tamaño puedan hacer uso de estos instrumentos.
Las administraciones públicas pueden jugar un rol importante en este sentido fomentando plataformas que habiliten estos canales de financiación para todo tipo de empresas e instituciones.
Como ejemplo, el Estado francés ha emitido en 2017 bonos verdes por más de 14.000 millones de dólares y estimula un ecosistema de inversión en infraestructuras sostenibles mediante su Ley de Transición Energética ya en vigor.
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