Por José María Viñals Camallonga, Profesor del Programa Especializado en Blockchain del IEB y socio de Squire Patton Bogs; y Carolina Gamba Pereira, Asociada Squire Patton Boggs.
La crisis sin precedentes ocasionada por el COVID-19 ha llevado a replantearnos el uso por parte de las administraciones públicas de medios y tecnología a nuestro alcance que se vienen utilizando de forma extendida en el sector privado. Ahora, con la emergencia sanitaria se abren nuevos retos a los gobiernos que intentan dar soluciones prácticas y eficientes a cuestiones complejas.
Con la digitalización de la sociedad, tenemos la capacidad de recabar y almacenar grandes volúmenes de datos de todo tipo relacionados con los hábitos y costumbres de los ciudadanos. Dichos datos pueden procesarse por medio de herramientas muy precisas que usan la inteligencia artificial con el fin de obtener patrones y poder predecir situaciones futuras.
La evolución tecnológica que hemos experimentado socialmente nos ha creado identidades digitales donde se recogen de forma separada e independiente nuestro rastro digital, que no es otra cosa que información personal como nuestros desplazamientos y con quién vamos, gustos, hábitos o actividades. El uso de toda esta información en su conjunto, en manos de una sola administración pública y con un fin concreto: limitar la expansión del Covid-19, otorgaría una capacidad enorme de lucha efectiva contra la pandemia en la que nos vemos inmersos.
En China y Corea del Sur se han utilizado –a través del teléfono móvil- rastreadores que determinan la posición presente y pasada de su propietario. Dicha información, combinada con las de otros ciudadanos puede darnos con precisión –usando los procesos y fórmulas matemáticas adecuadas la exposición de cada ciudadano al retrovirus Covid-19, e incluso podría catalogarla como persona de riesgo alto, medio o bajo, con las implicaciones que ello tiene en lo que a derechos y obligaciones se refiere.
Es decir, el dispositivo móvil aparte de ser ya nuestro banco, tarjeta de crédito, teléfono, oficina y un sinfín de cosas más podría convertirse también en el factor clave que determine mis derechos de circulación o la forma en la que debo interactuar con otras personas.
En países como China este sistema ha funcionado e incluso se ha dado un color (rojo, amarillo o verde) a cada persona con las obligaciones correspondientes a cada color: verde si la persona puede circular libremente, amarillo si tiene movilidad restringida o rojo si debe cumplir con un aislamiento obligatorio de 14 días. El color viene determinado por una fórmula matemática o algoritmo que de forma automatizada procesa la geolocalización y atribuye –en función de unos criterios estadísticos- un color a cada ciudadano. Todo ello sin poder recurrir, o poder contrastar la información.
En países europeos, se ha criticado este uso extensivo de los datos masivos (big data) y de su procesamiento automatizado (por medio de herramientas de inteligencia artificial) por un único agente (el gobierno). La crítica viene fundamentada en el entendimiento de que medidas de esta índole rompen con preceptos constitucionales arraigados en nuestras sociedades y que nos cuesta mucho ceder (como son la libertad de movimiento o el uso por terceros de nuestros datos personales).
Un claro ejemplo de este tipo de herramienta es la aplicación Suishenban –de obligatoria descarga y uso para poder acceder a los lugares públicos en China- que supone una de las medidas más innovadoras y de mayor complejidad tecnológica que, combinando el big data y la inteligencia artificial, en dimensiones nunca antes probadas, supone “una verdadera revolución tecnológica a gran escala”.
Otras aplicaciones surcoreanas para smartphones como Corona 100m o Corona Map utilizan datos de geolocalización de los usuarios, para así, mediante los programas de inteligencia, elaborar mapas de rastreo, estadísticas, patrones (de edad o enfermedades preexistentes), disponibilidad de material sanitario, análisis de los recursos críticos de hospitales y centros de salud, consumo de bienes por zonas o previsión de las tendencias por áreas concretas.
En China todo indica que el uso de la inteligencia artificial aplicada al big data ha sido eficiente en la previsión y contención de la pandemia. En la Unión Europea se podría adaptar el sistema haciéndolo solo para personas que voluntariamente den su conformidad. Sin embargo, la eficiencia de esta herramienta disminuiría sensiblemente si una parte de la población se negase a ceder sus datos o someterse al resultado que arroje el color que señale el “semáforo matemático”. Cuantos menos datos escapen al análisis, más preciso es el algoritmo y más eficiente la herramienta.
En línea con esta tendencia, el gobierno español ha puesto en marcha un programa que permitiría rastrear el desplazamiento de la población, evaluar las capacidades sanitarias de cada provincia, así como monitorizar el cumplimiento del confinamiento por parte de los ciudadanos. Dicho programa también separaría (por evaluación de riesgo, a aquellos que -según los algoritmos) no han estado expuestos al virus, de los que presenten riesgo de contagio. Dicha herramienta –siempre que cumpla con la legalidad vigente y respete los derechos de los ciudadanos- podría ser una herramienta que aporte seguridad a la -tan ansiada- “vuelta a la normalidad”.
Todo indica que la “vuelta a la normalidad” se va a producir de forma escalonada compaginando, por un lado, la seguridad sanitaria y, por otro, el interés de reactivar la capacidad productiva y el consumo en general. El equilibrio entre ambos factores es complejo, sin embargo, las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al big data pueden ser decisivas para que los gobiernos puedan valorar y hacer seguimiento efectivo de las medidas de apertura que vayan aprobando e implementando, así como la determinación de cuáles son efectivas y cuáles no. Por otro lado, gobiernos y empresas tienen capacidad para recabar información relativa a la demanda y consumo de productos –entre otros los de primera necesidad- de la población confinada.
Dicha información, con el adecuado procesado, puede ayudar a garantizar las cadenas de suministro, optimizar la distribución de los recursos, transporte y distribución (de tal forma que se logre abastecer a la población de los productos esenciales) así como aquellos que más se demandan en el confinamiento. Con dicha información, podrían asegurar las cadenas de suministro y tomar las decisiones correctas.
En el caso de que estas herramientas se usen y lleven a la mitigación efectiva de la propagación del virus y, al mismo tiempo, ayuden a crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía vuelva, de forma progresiva, a sus puestos de trabajo (con las implicaciones directas que este hecho tiene en la reactivación económica) podríamos afirmar que dichas herramientas –de cara a la sociedad- habrían llegado para quedarse.
Permanecerían no solo por la posibilidad de hacer frente a nuevos brotes del virus u otras situaciones de crisis, sino también porque se percibieran como necesarias y útiles en la optimización de procesos, recursos y toma de decisiones.
Artículo publicado en el informe Reflexiones jurídicas y financieras pos-Covid-19.
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