Por Aurelio García del Barrio, director del Global MBA con especialización en Finanzas.
La previsión de crecimiento de la economía española se sitúa en 5,6% para este año, la cual choca frontalmente con las previsiones desorbitadas del Gobierno que lo sitúan en un 7% con un tono de la política fiscal ligeramente contractivo, lo que pone en riesgo las cuentas públicas del país.
Todo apunta a que España saldrá de la crisis de la COVID-19 con un déficit estructural en torno al 4,3%, por encima del existente en 2019. Aunque 2022 debería ser un año de mayor crecimiento para la economía española que 2021, las perspectivas actuales son también más inciertas que las existentes hace un año, por la aparición de nuevos riesgos y el aumento de algunos ya existentes, lo que hace que las expectativas sean ahora más volátiles.
En cuanto a las que se mantienen, cabe destacar las que tienen que ver con el ritmo de ejecución y efectos de los fondos europeos NGEU y, especialmente, con las reformas estructurales necesarias para seguir accediendo a ellos en los próximos años.
La primera incertidumbre en aumento es la intensidad y la persistencia de las presiones inflacionistas. Cerramos diciembre de 2021 con una inflación interanual de un 6,5% y en enero no descendía demasiado, situándose en un 6,1%. Si bien, en principio, para el tercer trimestre del año, las presiones de los precios por parte de la oferta, deberían suavizarse al normalizarse las cadenas globales de suministro, hay que ser cauteloso para que el repunte inflacionista no se convierta en estructural.
En segundo lugar, la evolución de la pandemia, con nuevas olas en Europa y la nueva variante ómicron, plantea nuevos interrogantes sobre la persistencia de las disrupciones de oferta, la intensidad y ritmo de la recuperación económica.
La implementación de los proyectos asociados a los fondos europeos de recuperación tendrá lugar con un cierto retraso, lo que provocará que el impacto expansivo estimado sea ahora algo mayor en 2022 y 2023, a expensas de unos menores efectos, tal como vimos en 2021.
La incertidumbre, es muy elevada, debido a la magnitud de la contribución al crecimiento económico del programa de fondos Next Generation EU (NGEU). La ejecución de estos fondos se situará previsiblemente en los 21.000 millones este año.
Por lo que respecta a las reformas estructurales, quedan asuntos pendientes, por el momento. La reforma tributaria se ha supeditado a conocer primero las propuestas del Comité de Expertos, que debería ver la luz en próximas fechas.
La reforma laboral, aprobada por un error de voto de un diputado del PP, no parece que vaya a solucionar los problemas de un mercado de trabajo ineficiente y poco equitativo como el español.
En cuanto a las medidas propuestas hasta ahora en materia de pensiones, aumentan el déficit futuro y lo trasladan al Estado, incrementan las cotizaciones, y reducen la equidad intergeneracional, a cambio de una mayor carga presupuestaria sobre las generaciones más jóvenes.
El desempleo sigue siendo el caballo de batalla de nuestra economía. Nuestra tasa de paro duplica la media de la Unión Europea, y reducirla resulta complicado por sus componentes estructurales. España sigue siendo el país de toda la Unión Europea con una mayor tasa de paro, alternando este primer puesto negativo con Grecia.
La guerra en Ucrania amenaza a la economía española con una nueva escalada en los precios. El impacto directo será reducido dado que los intercambios comerciales con ambos países son relativamente pequeños, si bien algunos sectores, como la industria de piensos o la del automóvil, pueden sufrir problemas; pero el eco a través de los carburantes y la inflación pueden afectar al crecimiento.
Las exportaciones a ambos países no representan, de forma conjunta, ni el 1 % del valor total de las ventas españolas en el exterior, Rusia supone el 0,7 % y Ucrania el 0,2 %, y en términos de importaciones, es algo mayor con Rusia, sobre todo por la compra de hidrocarburos: en 2021, España compró el 4,5 % de su petróleo y el 8,9 % del gas a proveedores rusos, de forma que las compras a ese país suponen cerca del 1,75 % del total.
Además de crudo y gas, España adquiere en Rusia productos de fundición de hierro y de acero, químicos y fitosanitarios para la agricultura, al tiempo que vende textil femenino, coches y recambios para automóviles.
En Ucrania, las empresas españolas venden también coches y ropa femenina. Pero, sobre todo, compran cereales, una materia prima básica para el sector de los piensos, en el que España es líder europeo.
Así, el conflicto amenaza con incrementar los costes de varias materias primas, especialmente del gas y petróleo y los cereales y el maíz, y provocar así otro empujón en la inflación que acabe por lastrar una recuperación todavía titubeante.
Si bien el conflicto parece que no se prolongará mucho en el tiempo, cuanto más se prolongue y cuanto más se prolonguen las subidas de los precios de la energía, mayor será la traslación al resto de productos en la economía, porque repercuten en los costes de todas las empresas.
En definitiva, una inflación más elevada erosionaría la capacidad de compra de los hogares y por tanto restaría fuelle a la recuperación del consumo privado, con una incidencia significativa en el crecimiento.
Artículo del informe Las fuerzas del poder en la economía mundial.
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