Por Jesús Mardomingo, socio de Dentons y director del Área de Sostenibilidad e Innovación del IEB.
El discurso de la financiación sostenible de los últimos y recientes tiempos ha estado dominado por la taxonomía y la regulación sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, ahora le toca su turno a la «coloración» de MiFID II en Green MiFID, en pleno ferragosto.
Green MiFID se enmarca principalmente en el primero de los tres pilares que sustentan el Plan de Acción de Comisión Europea de 2018: reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles a fin de alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo. En efecto, este nuevo impulso normativo pretende que, tanto el cliente/inversor como la entidad que toma las decisiones de inversión, con complicidad, deberán sumar sus respectivos criterios de sostenibilidad a los tradicionales criterios de riesgo y rentabilidad.
Green MiFID viene así a intensificar en los actores de la industria de los servicios de inversión la sensibilidad de su actividad a la hora de recabar las preferencias de sus clientes, ahora incluyendo las relativas en materia de sostenibilidad, medio ambiente y gobernanza (ESG). Y lo hace estableciendo nuevas obligaciones -cuestión no exenta de dificultad para los distribuidores- como las centradas en los nuevos campos que deberán incluir los test de idoneidad. Unas obligaciones que, en esta ocasión, aplicarán conjuntamente al prestador del servicio y al que lo recibe, ya sea minoristas o profesional, incluidas las empresas de servicios de inversión o entidades supervisadas de terceros estados cuando interactúen con clientes de la Unión Europea o distribuyan productos dentro de la Unión Europea.
Mucho se ha hablado sobre si la industria está preparada para adoptar las medidas que impone Green MiFID. Se ha llegado a valorar por la industria una solicitud de prorroga hasta comienzos del año 2023, pero los reguladores y supervisores han despejado dudas y Green MiFID llegará el 2 de agosto para quedarse.
Es cierto, que la mayoría de los proveedores de servicios de inversión, siempre previsores, hace tiempo vienen adoptando medidas en este ámbito, casi bajo un esquema de autorregulación, estableciendo políticas y creando o transformado productos con el fin de incorporar los principios en materia de ESG a su actividad pero ahora, y pendientes de la normativa y casi necesarias aclaraciones de desarrollo, deberán divulgar cuando asesoren información sobre el sistema de integración de los riesgos de sostenibilidad y el análisis de las incidencias adversas en la materia., entendiendo por riesgo de sostenibilidad un hecho o circunstancia ambiental, social o de gobernanza que, si sucediera, podría provocar impacto material negativo en el valor de la inversión.
En definitiva, con la entrada en vigor de Green MiFID las empresas de servicios de inversión deberán considerar, en el marco de la promoción de las inversiones sostenibles y los productos de inversión responsable marcados por el Plan de Finanzas Sostenibles, las preferencias de los clientes, y si estos se decantan por inversiones en productos verdes, la entidad deberá poner a su disposición un producto de inversión apropiado.
Falta por ver si esta obligación y la a priori reacción de los humanos del día de hoy, proactiva por lo verde, preocupados por el cambio climático y la reducción justa e inclusiva de la huella de carbono se traducen en el corto plazo en inversión en empresas cuya actividad sea de impacto real y positivo para el medio ambiente y la sociedad, asistiendo de primera mano a la transformación de la economía en economía sostenible o, si la lógica (y muy a menudo exigida por inversores) ponderación rentabilidad versus sostenibilidad, es realmente compatible (sostenible) con las aspiraciones de estos cuando comprueben que la rentabilidad no acompaña, o incluso se convierte en fuertes pérdidas. La sostenibilidad se financia, pero la sostenibilidad no es gratuita. Y si no que se lo digan al Banco Central Europeo cuando alerta de un escenario apocalíptico para la economía europea en caso de que Rusia corte el gas a Europa en otoño.
Tribuna publicada en Expansión.
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