Por Aurelio García del Barrio, director del Global MBA con especialización en Finanzas.
Desde que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciara, uniéndose a Madrid, la supresión del Impuesto de Patrimonio, el Gobierno central ha reaccionado anunciando un impuesto a las grandes fortunas.
Tanto el Impuesto de Patrimonio como el de Sucesiones son un despropósito, ya que suponen una doble tributación. Si en su momento ya se pagó por esas rentas generadas, ¿por qué gravarlas de nuevo? En cuanto al impuesto a las grandes fortunas, de momento no pasa de ser una pataleta política como respuesta a lo de Andalucía.
Pero esta situación ha abierto el debate sobre si se deben bajar impuestos o no en una situación de estanflación como la que estamos viviendo, y ante una posible recesión que ya asoma por el horizonte y que podría transformarse en una verdadera crisis económica.
A partir de 2008, tras la crisis de deuda de 2012 y durante la pandemia, hemos visto cómo las políticas monetarias expansivas daban lugar a tipos al 0% e incluso negativos para estimular la economía, ya que los bancos centrales no conseguían llegar al objetivo del 2% de inflación.
En el tercer trimestre de 2021 se observó ya una desaceleración junto a un repunte de la inflación, causada por un shock de oferta apalancado en los efectos de los desajustes entre oferta y demanda causados por el cese de las restricciones contra el Covid y el aumento de la movilidad, sin olvidar la situación generada por la disrupción del comercio o el encarecimiento del petróleo.
A esto se unió, en febrero de este año, la guerra de Ucrania, con el consiguiente incremento de precios de los alimentos y la energía, lo que nos ha traído a la situación actual de estancamiento económico y alta inflación: una situación estanflacionaria.
El problema de la inflación es que se retroalimenta. Se da en países de economía mixta por baja productividad, menor demanda interna, ahorro sin invertir o aumento de la base monetaria, entre otras causas, y se traduce en una reducción del PIB y el empleo, descenso de las rentas de las familias, alza de precios, estancamiento de la producción y distorsiones del mercado.
Las políticas monetarias y fiscales para combatirla son contrapuestas. Si las primeras se basan en subir los tipos de interés para retirar liquidez del sistema y frenar el crecimiento, las segundas se orientan hacia la bajada de impuestos, lo que genera más inflación.
Las medidas que mejor resultado han dado para luchar contra la estanflación hasta el momento han sido mejorar la fiscalidad de las empresas a la vez que se aplican medidas de flexibilización del mercado laboral, liberalización de la comercialización, medidas de defensa de la competencia y una mayor inversión en formación y educación.
En el debate fiscal, nos enfrentamos a la eterna deliberación del Teorema de Laffer. La curva de Laffer es una función que expresa la evolución de los ingresos fiscales en función de la variación de los tipos impositivos, estableciendo que el incremento de éstos da lugar a un incremento de los ingresos fiscales hasta cierto punto, a partir del cual el incremento de tipos reduce los ingresos fiscales hasta llegar a cero con un tipo del 100%.
Sus defensores argumentan que la reducción de tipos en el tramo descendente de la curva estimularía la economía incrementando las bases imponibles, lo que daría lugar a un incremento de ingresos fiscales superior a la reducción inicial de ingresos fiscales provocada por la rebaja.
TIPO DE INFLEXIÓN
Este tipo de políticas se enfrentan a la dificultad de determinar el tipo impositivo en el cual se produce la inflexión de ingresos. Además, la eficacia de dicha reducción depende de otra serie de factores como el mix impositivo, los tipos aplicados, el grado de elusión fiscal, etc. Por otro lado, este tipo de recetas económicas presentan su componente ideológico y político. No obstante, dada la situación actual, la política fiscal de los gobiernos europeos no debe ser expansiva por el efecto negativo que tendría en la inflación, contrarrestando los esfuerzos que realiza el BCE subiendo los tipos de interés. Pueden llevar a cabo cierta expansión fiscal, pero las medidas deben ser selectivas y estar centradas en los segmentos más vulnerables.
Por otro lado, otro empuje a la política fiscal no es posible debido a la enorme deuda y el deterioro del déficit público, que en algún momento va a tener que ser corregido. De esta crisis no saldremos con el discurso populista de Pedro Sánchez pidiendo a las empresas que arrimen el hombro, pero tampoco saldremos con las propuestas de bajadas de impuestos puras y duras esgrimidas por el PP, que aumentarían la ya ingente deuda pública española.
De esta crisis saldremos encontrando un equilibrio, que en ocasiones es muy inestable, entre las políticas monetarias, fiscales y de rentas para, por un lado, contener la inflación y, por otro, no estrangular el crecimiento económico. Un uso más eficiente de los recursos y el aumento de la productividad son claves en este ejercicio.
De momento, se ha dejado toda la responsabilidad a los bancos centrales, que han tardado demasiado en actuar y ahora se ven forzados a reaccionar con el riesgo de pasarse de frenada y provocar una recesión y, potencialmente, una crisis financiera. Y no podemos olvidar que nuestra ratio deuda/PIB está en un 118%, nuestro déficit público por encima del 5% y el euro devaluándose vertiginosamente contra el dólar.
En 2023, vienen curvas.
Tribuna publicada en Expansión.
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