Más de 700.000 ahorradores españoles fueron víctimas de las preferentes, un producto complejo y de riesgo que muchos bancos y cajas colocaron a sus clientes abusando de su confianza. Un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) concluyó que el 60% de los vendedores cometieron irregularidades en la comercialización de esas participaciones. Desde entonces han proliferado las normas para intentar que la venta de productos se ajuste al perfil de cada inversor y también se le facilite una información más completa y transparente.
La directiva Mifid II es la última regulación en esa dirección. ¿Qué cambia con esta norma? Con la primera Mifid se obligaba a que en el folleto del producto de inversión se detallaran sus características, pero la mayoría de los ciudadanos no entiende el lenguaje financiero y muchos no llegan ni a leerlos. Así que en la práctica se fían de lo que les dice el comercializador, normalmente el empleado de su oficina bancaria. Con la segunda Mifid -la que ha entrado en vigor esta semana, aunque su trasposición a la legislación española todavía no se ha completado- se «extrema el celo» sobre el comercializador y se le traslada a él el peso de la protección al inversor, señala Miguel Ángel Bernal, responsable del departamento de investigación del IEB.
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