Por Jesús Pérez Pérez, profesor del IEB.
La reciente implantación del impuesto o cuota de solidaridad de las pensiones en España ha generado un intenso debate en la sociedad. Esta medida se presenta como una solución para fortalecer el sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional y baja natalidad. Sin embargo, no aborda las causas estructurales del déficit de la Seguridad Social motivado por las pensiones y que podría tener efectos adversos en la economía y el mercado laboral. Recordemos que este impuesto es además del ya existente MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) que se aplica a las nóminas de los trabajadores desde 2023.
El impuesto o cuota de solidaridad de las pensiones es una medida que se aplica en España desde 2025 como parte de una reforma del sistema de Seguridad Social. Su objetivo principal es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo, especialmente ante el desafío del envejecimiento de la población y el aumento de las jubilaciones. La cuota de solidaridad se aplicará de forma progresiva, con diferentes tramos y porcentajes según el nivel salarial.
Se trata de una cotización adicional que se aplica sólo a los trabajadores por cuenta ajena cuyos salarios superen la base máxima de cotización a la Seguridad Social, es decir, a los salarios más altos. Esta base máxima se actualiza anualmente y en 2025 se sitúa en 4.909,50 euros mensuales. El impacto de esta medida se espera que sea doble: Por un lado, aumento de los ingresos del sistema de pensiones y por otro, redistribución de la riqueza.
La cuota de solidaridad es una medida parche que no aborda las causas estructurales del déficit del sistema de pensiones, que en 2024 fue de 54.000 millones de euros, acumulando una deuda la Seguridad Social de en torno a 110.000 millones de euros (Fuente FEDEA). Entre las principales preocupaciones se encuentra el envejecimiento de la población y la baja natalidad que existe en España.
La medida no proporciona una solución integral a estos desafíos a largo plazo y si ahonda más en las dudas sobre su eficacia en la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya que con lo que se estima recaudar, incluidas otras medidas que se están aplicando, no palía ni de lejos el agujero estructural de las pensiones. Por ej. La revalorización aprobada de las pensiones para 2025 es de 2,8% y para las pensiones más bajas del 6%. Esto supone una nómina adicional de cerca de 8.000 millones, y el efecto es acumulativo para años venideros.
Entre las consecuencias que implica este nuevo impuesto están: un aumento los costes laborales para las empresas, lo que reduce su competitividad y capacidad para crear empleo. En un mercado globalizado, las empresas españolas podrían encontrarse en desventaja frente a sus competidores en otros países con menores cargas fiscales. Este impacto negativo en la competitividad podría resultar en una menor inversión y un crecimiento económico más lento.
En segundo término, los trabajadores con salarios elevados serán los que soporten este impuesto, de forma que supone una carga excesiva y un trato injusto, ya que no ven un retorno directo en mayores prestaciones de pensión. Este sentimiento de injusticia podría desincentivar el esfuerzo y la productividad, además de incentivar a estos trabajadores a buscar oportunidades en otros países con menores cargas fiscales.
Creo que ha habido falta de debate y consenso social en torno a esta medida, así como opacidad en cuanto al destino y la gestión de los fondos recaudados, lo que genera desconfianza en la población. La implementación de políticas de gran impacto requiere de un diálogo abierto y transparente con la sociedad para asegurar su aceptación y legitimidad.
La cuota de solidaridad no logrará una redistribución efectiva de la riqueza. Se estima que tendrá un impacto limitado y generará distorsiones en el mercado laboral. La redistribución de la riqueza es un objetivo loable, pero debe ser implementada de manera eficaz para evitar efectos negativos no deseados.
Esta medida desincentiva el ahorro para la jubilación, ya que los trabajadores con salarios altos sienten que ya están contribuyendo lo suficiente al sistema público con la cotización que realizan al sistema público.
Penaliza la promoción del ahorro privado, al quedar menos disponible para ahorrar cada mes, más allá de hacerlo a través de la compra de pisos (supone el 70% del ahorro de las familias según encuesta del Banco de España, y que es un activo ilíquido y cuyo precio depende, de entre otros factores, de la evolución de la pirámide poblacional, que está invertida, de su componente o sesgo local y de la evolución del mercado laboral), es esencial para complementar las pensiones públicas y garantizar la seguridad financiera en la jubilación. Si realmente queremos que España progrese adecuadamente, se debe facilitar que el ahorro financiero privado ocupe la posición que tiene en otros países desarrollados.
Existe el temor de que la cuota de solidaridad impulse a profesionales cualificados con salarios elevados a buscar empleo en otros países con menores cargas fiscales. La fuga de talento podría debilitar la competitividad y la capacidad de innovación del país, afectando negativamente al desarrollo económico a largo plazo, como ya ocurrió tras la crisis de 2008.
Es complejo el sistema de tramos y porcentajes de la cuota de solidaridad, lo que dificulta su comprensión y aplicación. Un sistema fiscal claro y sencillo es fundamental para asegurar su cumplimiento y minimizar los costes administrativos tanto para el gobierno como para los contribuyentes. En conclusión, el impuesto o cuota de solidaridad de las pensiones cuestiona su eficacia, equidad y sus posibles efectos en la economía.
Tribuna publicada en El Economista.
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