Por Juan Abellán, director del Master en Mercados Financieros y Gestión de Activos.
En el comienzo del año hemos asistido al intento de creación de dos nuevas tasas tecnológicas, paralizadas por el anuncio de elecciones: la tasa Tobin, que gravaría la compra de acciones españolas cotizadas; y la tasa Google, sobre ingresos obtenidos por publicidad, servicios de intermediación y venta de información online.
Ante este escenario, la prudencia debería ser la tónica reinante por una más que posible desaceleración de la economía, pero además, hay otra lectura más preocupante: por un lado, el gobierno, jueces y otros estamentos, ante la crisis de imagen que ha sufrido la banca, han encontrado en ella una fórmula de populismo al más puro estilo ‘Robin Hood de los bosques’, quito al rico y poderoso para entregárselo al pueblo.
Sin embargo, la banca ha hecho los deberes, la crisis le sorprendió con 450.000 millones de euros en crédito promotor y constructor que ha asumido año a año contra resultados, la regulación en capital es asfixiante, ahora deberá implementar NIIF 16, nueva contabilidad sobre arrendamientos que supondrá entre 10 y 20 puntos básicos a los principales bancos españoles. En lugar de apoyar nuestro sistema financiero, le dan una vuelta de tuerca en un momento poco oportuno. La subida de tipos de interés se retrasará, por lo menos, hasta mediados o finales del año 2020. En definitiva, un país que no apuntala y defiende su sistema financiero lanza rocas contra su propio tejado.
Por otro lado, la tasa Google, es el mejor exponente de que España es el país del Quijote. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft han destinado 64 millones de dólares a hacer lobby, contra lo que España ha pretendido luchar en solitario, esto me recuerda al Desastre del 98 (Guerra de Cuba en la que España se enfrentó a EE UU). A ellas se suma el globo sonda sobre el impuesto a la robótica. Hoy supondría un innecesario castigo a la innovación, I+D, que a buen seguro se traduciría en más deslocalizaciones.
No obstante, el problema que tenemos encima de la mesa es más grande e importante: es una revolución tecnológica que está cambiando mercados, empresas y que nos afecta impositivamente. La digitalización y la inteligencia artificial implican, por una parte, la reducción de mano de obra y, por otra, que los datos sean la herramienta y centro de toda actividad. Los trabajadores se podrán dedicar a nuevas tareas o se quedarán en casa.
Si se quedan en casa, nadie cotiza a la Seguridad Social ni se paga el IRPF, pero siguen usando los servicios públicos, la sanidad, cobrando paro; y es entonces cuando de verdad seremos una gran carga para el Estado. Si se trabaja de lunes a jueves o a miércoles, lo estamos viendo ya en algunas compañías, los empleados ganan menos y las compañías ganarán más porque la tecnología habrá cambiado hora-hombre por hora-máquina. En cualquier caso, los estados recaudarán menos y, por consiguiente, habrá que replantearse el sistema tributario y de reparto.
En definitiva, los sectores sobre los que nos replanteamos su fiscalidad se benefician y viven de los datos de los ciudadanos. El big data ha revolucionado la comercialización y el marketing y es aquí donde debemos hacernos la gran pregunta: ¿quién es el dueño de los datos? Las tecnológicas y los bancos, tienen información de todo lo que hacemos, lo que gastamos y dónde lo gastamos, lo que vemos en internet, nuestros gustos…absolutamente todo. Pero, ¿quién es el propietario de esta información? Por supuesto, el usuario. Entonces, ¿qué deberían hacer los bancos y tecnológicas? Pagarnos.
Sería complicado cobrarles cada vez que aportamos un dato, una búsqueda o compramos algo con una tarjeta. La solución es que los estados recauden por nosotros. Estaríamos ante una revolución fiscal en la que sería imposible recaudar sobre el beneficio. Pero no podemos ser el Quijote que lucha solo contra las tecnológicas, banca, seguros y un largo etcétera. Es la Unión Europea en bloque la que debería haber tomado las riendas y ni siquiera nos acercamos a la armonización. Es necesaria una unión tributaria fuerte e innovadora que defienda los intereses de los ciudadanos y evite los populismos fiscales que buscan recaudar como sea para sostener lo que no se puede sostener.
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