Por Carlos de Fuentes, Profesor Dr. en Derecho del Trabajo, del Grado en Derecho, Doble Titulación con Grado en Derecho y Máster en Bolsa; y Doble Titulación con Grado en Derecho y MIM.
Analizar retrospectivamente lo que ha supuesto el COVID-19 es hasta cierto punto, sencillo. Ahora parece que todos somos expertos en curar pandemias, como entrenadores de fútbol, que todos llevamos uno en nuestro interior y sabemos más que nadie. La dificultad estriba en la ingente información y comentarios existentes que no permiten ver con claridad el bosque. Pero más difícil es tratar de hacer alguna reflexión de futuro sobre qué ocurrirá en el ámbito laboral por efecto de este virus. Una cosa y la otra es la que voy a tratar de hacer de una manera breve, constreñido por las dimensiones de este comentario.
El COVID-19 es, claramente, una causa de fuerza mayor y también económica, técnica, organizativa o de producción que permite al empresario tomar decisiones para gestionar su organización. Si no se hubiera aprobado ninguna medida por el gobierno, nuestro Derecho del Trabajo posibilita al empresario adoptar medidas para capear el temporal. Provocaría sin duda un aumento desmesurado del desempleo y, en algunos casos, se habría optado por la suspensión de empleo (los ahora famosos ERTES, de expedientes de reducción temporal de empleo) en lugar de extinguir las relaciones laborales.
La acción gubernamental tendría que provocar revertir esas decisiones: por un lado, lograr la opción mayoritaria por la suspensión y no por los despidos económicos y, por otro, proveer una mayor protección social al trabajador/a y, en general, dar la mayor confianza posible para que las empresas traten de minimizar el impacto negativo que de por sí trae consigo una eventualidad de estas características.
La flexibilidad que ya permite nuestra legislación laboral es la que ahora se invoca para lograr sobrellevar de la mejor manera posible esta crisis. Los mismos que hace pocos días criticaban los mecanismos legales que permiten la flexibilidad en el empleo, son los que piden recurrir a ellos en estos momentos para evitar despidos.
Como se sabe, el gobierno español ha aprobado 9 Reales Decretos Leyes en estos días, con un total de 44 medidas sociolaborales2. Una primera reflexión es que, lo cierto, es un número nada desdeñable y denota que, aunque sea con cierta demora, el gobierno parece haber asumido su papel de tratar de reconducir las consecuencias del COVID-19. No obstante, se puede criticar en algún punto la inseguridad que en algunos momentos ha provocado, pues hubo días que hasta altas horas de la noche no se sabía quién tenía que ir a trabajar al día siguiente. Pero más allá del número, lo deseable es el acierto de los decretos.
Para la valoración de los mismos, parto de la dificultad que han tenido nuestras autoridades teniéndose que enfrentar a una situación sin precedentes. Ahora bien, creo que si bien amortigua la crítica no exonera de toda responsabilidad. Sin tener la capacidad aquí de analizarlos en profundidad, lo que voy a hacer son dos cuestiones: por una parte, expondré al menos, dos argumentos de política legislativa que nos ayuden a comprender la actuación gubernativa. Y, en segundo término, pondré en relación dicha actividad con las medidas adoptadas en otros Estados.
Para comenzar con el primero de los puntos, diremos que las nuevas medidas de apoyo previstas por el gobierno, por ejemplo, las ayudas de flexibilización de los ERTES para promocionarlos y evitar despidos, exigen la acreditación del impacto de la pandemia en la actividad empresarial. Es decir, el gobierno parece que no quiere ver la gran conmoción que esta crisis está provocando ya en la economía y, por ello, requiere que haya que probar la afectación del COVID-19 en cada empresa.
Ello sin duda demuestra una visión de desconfianza hacia la gestión empresarial difícil de explicar en la situación que estamos viviendo y, además, exige constatar por la Autoridad Laboral que tal situación alegada por el empresario es cierta. Para ello se requeriría un ejército de funcionarios que, por otra parte, no se ha habilitado, lo cual lleva al paroxismo, agravando el problema económico que ya de por sí estamos sufriendo por la pandemia.
Asimismo, algunas de las nuevas directrices, como ocurre en la prestación por cese de actividad de los autónomos, circunscriben sus efectos al ámbito temporal del Estado de Alarma, sin servir a paliar las negativas consecuencias de la crisis que van mucho más allá del tiempo de confinamiento.
Un ejercicio interesante es poner en relación las disposiciones españolas con las aplicadas por otros países3. En este sentido, la comparativa con los países de la Unión Europea no nos deja en mal lugar. La tónica general es muy parecida, con algunas honrosas excepciones entre las cuales destacamos a nuestros vecinos portugueses y franceses. Los primeros, han previsto que los primeros 14 días de aislamiento profiláctico sea equivalente a enfermedad a los fines de protección social con un pago correspondiente al 100% de la remuneración y no sujeto a un periodo de espera.
Asimismo, el gobierno ha exonerado directamente a los empresarios de los pagos a la seguridad social por bajas o cierres decididos por las autoridades sanitarias, así como durante el primer mes tras la reanudación de la actividad. Por su parte, el gobierno Galo ha previsto un plan a corto plazo de apoyo masivo al empleo, incidiendo especialmente para las empresas con un volumen de negocio pequeño.
Como se observa, ambos ejemplos muestran cómo las medidas adoptadas por nuestro gobierno podrían haber ido en la línea de dotar de mayor confianza a los actores del mercado, de modo general y sin exigir demostraciones por parte de las empresas para de esta manera posibilitar que el hundimiento de la economía sea algo menor.
En fin, debemos partir de que ya nuestro sistema tiene mecanismos para atender los estados de necesidad. Ahora se trataría de dotarlos de suficientes recursos para lograr transmitir cierta calma económica a los bolsillos de empresas y trabajadores, sobre todo de los autónomos cuya protección social no es tan sólida.
Desde nuestro punto de vista, se precisaría un mayor apoyo a las empresas para que logren sacar fondos para que puedan mantener los empleos y en relación a los autónomos, siguen estando en gran medida olvidados, porque las tibias disposiciones que se han previsto para ellos, más tardíamente que para el resto, no alcanzan a proteger sus necesidades reales.
Para terminar, algunas reflexiones para el futuro:
– Cuidar al empleado: las empresas tienen que tener en cuenta el impacto del COVID-19 en sus colaboradores, sobre todo en los casos que hayan sufrido la enfermedad o la pérdida de algún familiar o, simplemente, por cómo está afectando esta larga situación en los hogares. Nos consta que algunas empresas están acompañando en estos momentos a sus trabajadores con programas de apoyo psicológico.
– El teletrabajo ha venido para quedarse, pero requiere en las PYMES una inversión en tecnología, un aprendizaje y un cambio de mentalidad que debería ser apoyado por el sector público. De alguna manera, aprovechar el momento para condicionar ciertas ayudas a determinadas inversiones y diseño de puestos de trabajo aptos para el trabajo virtual y, de esta manera, catapultar el cambio de nuestra economía.
– Hay que tener en cuenta la bajada de productividad de los millones de hogares con niños sin colegio. Las empresas deben ser comprensivas e imaginativas. Experiencias de apoyo desde el sector público en algunos países europeos también tendrían que ser imitadas por nuestros gobernantes.
– ¿Las empresas serán más solidarias en lo venidero? Es más que probable, pues lo cierto es que ha habido una valoración muy positiva de las empresas que han mostrado un lado humano en esta crisis, bien por realizar donaciones, bien por mantener puestos de trabajo4. El impacto reputacional de las empresas es un valor al alza. Cierto que estas cosas salen de forma natural y están (o no) en el ADN de los líderes y contagian de esta manera a sus organizaciones; pero que trabajadores, clientes, sociedad en general, hablen bien de una entidad, en una sociedad hiperconectada y en los foros adecuados, no tiene precio.
La imagen de marca solidaria y que cuida al empleado, y que estas impresiones logren superar a los comentarios negativos en las grandes empresas y multinacionales, va a tener una mayor presencia en la gestión empresarial del futuro.
– Debemos ir preparándonos para la siguiente crisis. Los representantes sindicales y las organizaciones empresariales deben liderar este tema, haciendo una comisión ad hoc (los ejemplos danés e inglés tienen que ser un acicate). Las soluciones pactadas en tiempos de calma nos harán mejores y más fuertes y hará realidad el refrán castellano de que “no hay mal que por bien no venga”. Y seguro que los inversores a partir de ahora las tendrán muy en cuenta.
Nos enfrentamos a una nueva realidad, como bien dice el Director General de la OIT no sólo a una crisis sanitaria, sino a una emergencia económica y laboral de primera magnitud. No debemos ponernos de perfil y todos debemos aportar nuestro grano de arena. Como indicó el Papa Francisco en su alocución en la Vigilia Pascual, no es momento para la indiferencia y para dejar a nadie atrás; que los que tienen las manos llenas, compartan con quien las tienen vacías. Veremos cómo queda todo esto y si acertamos con las medidas adoptadas.
Artículo publicado en el informe Reflexiones jurídicas y financieras pos-Covid-19.
2 Una refundición de todas las medidas sociolaborales está accesible en: https://ignasibeltran.com/covid-19-refundicion-rdley-8-20-
9-20-10-20-11-20-y-12-20/
3 Pueden consultarse las medidas adoptadas por cada país en: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/
lang–en/index.htm#US
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