Por Aurelio García del Barrio, director del Global MBA con especialización en finanzas del IEB.
La línea roja de la legalidad y las normativas quedó sobrepasada en el Parlamento catalán, cuando Carme Forcadell, desoyendo a los letrados del Parlament que habían advertido de que tramitar la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica suponía desobedecer al Tribunal Constitucional, permitió la modificación a última hora del orden del día del pleno para aprobar una norma que tenían guardada en un cajón desde hace casi un año. Fue entonces cuando Junts pel Sí y la CUP invocaron el artículo 81.3 para aprobar por el procedimiento de urgencia extraordinaria la Ley del Referéndum.
Los representantes de Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña y PP abandonaron el hemiciclo y la Ley del Referéndum se aprobó con el hemiciclo medio vacío, con el apoyo de 72 diputados y la abstención de otros 11.
Un 49,4% de los catalanes rechaza la independencia, mientras que un 41,1% la avala, pero el riesgo de encontrarse con un Sí en los comicios propuestos del 1 de Octubre era alto, ya que los partidarios del No estaban en contra del referéndum y por lo tanto no acudieron a votar.
El problema es que, independientemente de la convicción política de ese 41,1% favorable a la independencia, parece que éstos no son conscientes de lo qué le espera a esa “nueva nación” llamada República de Cataluña, ya que existen importantes consecuencias políticas y económicas, tanto para el hipotético nuevo Estado como para el resto de España y para la UE.
De momento, y después del 1 de Octubre, ya estamos viendo las reacciones de los agentes económicos.
Organizaciones empresariales que aglutinan en sus cúpulas a las principales empresas del país avisan de que se está produciendo una paralización de inversiones en Cataluña por la actual tensión política. En consecuencia, no es normal la situación y, como es lógico, no es normal una decisión de inversión en Cataluña en este momento. Con datos del Instituto Nacional de Estadística, Cataluña ha perdido desde 2008 un 2,7% de su tejido empresarial; en contraste, en el mismo periodo, Madrid experimentó un crecimiento de un 1,32%.
Por su parte, los inversores en Cataluña están exigiendo cláusulas antindependencia, un seguro en el caso de que la Generalitat prosiga con sus planes y lo consiga. Algunas empresas han optado ya por trasladarse a Madrid, iniciando un éxodo empresarial a la tierra con los impuestos más bajos de España.
La tensión actual ya genera efectos negativos sobre la deuda española. También afecta a la deuda catalana, que Moody’s tiene en bono basura (Ba3 con perspectiva negativa) y, aunque el debate sobre la independencia no ha afectado al apoyo de liquidez que ofrece el Gobierno central a la región, la deuda de Cataluña podría verse afectada negativamente si las tensiones políticas escalan más, disparando las dudas sobre la capacidad del Gobierno de proveer apoyo financiero a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico).
En las últimas semanas, han empezado a apreciarse las primeras tensiones en los mercados de deuda con el papel español. Aunque no se ha producido un incremento significativo de los tipos, ya que el Banco Central Europeo mantiene el mercado controlado con su programa de compras, sí que existe un comportamiento peor que el del resto de países de la eurozona, lo que afecta a los diferenciales. La prima de riesgo española se mantiene en torno de los 120 puntos básicos, y los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps), cantidad que debe pagarse para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, se han encarecido hasta 109.660 dólares, por debajo de los 207.350 dólares que se pagan por los italianos.
Si miramos las consecuencias a largo plazo, el nuevo estado tendría una población equivalente a la de Suiza, un tamaño similar a Bélgica y un PIB equiparable al de Noruega. Con esta perspectiva podría ser viable, pero no sin sufrir dramáticas repercusiones como el aislamiento económico y un empobrecimiento brutal con una pérdida de PIB de entre el 20% y el 25%. ¿Cuáles serían las consecuencias de la independencia?
Salida de la UE
La consecuencia más inmediata sería la salida de la Unión Monetaria Europea, y por lo tanto del euro y sin el apoyo del BCE. El nuevo país podría optar por seguir utilizando el euro de manera unilateral, pero sin ninguna influencia sobre su tipo de cambio ni sobre los tipos de interés; para Cataluña, el euro se convertiría en una moneda extranjera cuya utilización podría encarecer sus exportaciones y mermar su competitividad. La nueva Cataluña también se desvincularía del Banco Central Europeo, perdiendo la red de seguridad que garantiza liquidez al sistema bancario de la zona euro.
Sin supervisión bancaria europea
Cataluña también quedaría fuera de la unión bancaria puesta en marcha por la zona euro, que ya cuenta con
un Mecanismo Único de Supervisión financiera y con un fondo de resolución bancaria, y por tanto, fuera de los 55.000 millones de euros para sanear o liquidar las entidades financieras de la zona euro que atraviesen dificultades.
Sin fondos estructurales y fuera del BEI
La escisión dejaría a Cataluña sin derecho a los cuatro Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEDER, FSE, FEADER y FEMP), de los que Cataluña recibe 1.400 millones de euros. La salida de la UE implicaría el descuelgue del Banco Europeo de Inversiones y del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Asimismo, quedaría fuera del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Cataluña también se quedaría fuera del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate de la zona euro del que España es accionista y que cuenta con una capacidad de préstamo de hasta 500.000 millones de euros para evitar la suspensión de pagos de los socios (similar al FLA español para las CCAA).
Impacto en los mercados y en la prima de riesgo
Los mercados no son amigos de aquello que suene a desequilibrio y a inseguridad. Cataluña ha incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit y deuda impuestos por el Ejecutivo, lo que le ha obligado a recibir ayuda permanente del Estado para pagar sus servicios públicos. La escisión llevaría a la prima de riesgo a niveles inasumibles, con el inconveniente de dejar de contar con la red de protección del Estado español.
Financiación, déficit y deuda
Fuera de la UE, la ingente deuda pública obligaría a generar más déficit, a menos que la economía catalana experimentase una mejoría importante, algo que parece poco probable. La clave, por encima de si está dentro o fuera de la zona euro, es que hay que generar ingresos para pagar gastos (el servicio de la deuda es el primero) y para abonar la nómina a los funcionarios, dos conceptos que ahora están garantizados por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Comercio
Una independencia de España y una salida de la zona euro le obligaría a pagar un sobrecoste por los aranceles, ya que dejaría de beneficiarse de las ventajas de pertenecer a una zona económica con libre circulación de mercancías, que a su vez tiene firmados acuerdos de libre comercio con otras naciones. El pago de esos sobrecostes haría mucho menos competitivas las exportaciones catalanas frente a las de otras autonomías en España y en Europa.
Como consecuencia económica inmediata de su independencia y su no pertenencia a la Unión Europea, Cataluña sufriría el efecto sobre el saldo por cuenta corriente en sus distintos componentes, principalmente efectos en el comercio de mercancías. Si hablamos de las exportaciones de Cataluña, estar fuera de la UE supondría la aplicación de la Tarifa Exterior Común (TEC) a las exportaciones catalanas dirigidas a la Unión Europea (aproximadamente un 65% del total), lo que supondría, en el caso del patrón exportador catalán, un incremento sobre el precio de las exportaciones catalanas del 5,7% con la consiguiente pérdida de competitividad en su comercio exterior.
Asimismo, se verían afectadas las ventas desde Cataluña a todos los países con los que la UE tiene acuerdos preferenciales, dado que estas rebajas arancelarias también quedarían eliminadas. Si al incremento de costes derivado de la aplicación del TEC para el total de las exportaciones catalanas le sumamos los costes de transacción (papeleo administrativo, paradas de inspección, seguros, posibles pérdidas por variaciones en la tasa de cambio dado que la moneda ya no sería el euro), que según cálculos de la OCDE suponen un incremento de los precios del 13%, los precios de las exportaciones de Cataluña a los países de la UE (incluido el resto de España) se verían incrementados en aproximadamente el 20%.
Menos atractivo para la inversión extranjera
La inseguridad jurídica es el peor argumento para atraer inversión extranjera, y la nueva situación provocaría que el inversor extranjero observara Cataluña como factor de riesgo. Asimismo, la búsqueda de costes más baratos ha provocado una fuga masiva de capital extranjero de Cataluña desde el inicio de la crisis. En los últimos años, han cerrado sus fábricas multinacionales extranjeras como Piaggio, Panasonic, General Electric o Bayer.
El coste de crear un nuevo país y del reingreso en la UE
El día después de la independencia, el Gobierno catalán tendría que hacer frente a una serie de costes ingentes para garantizar los servicios que presta y para proseguir en la senda del abaratamiento de los costes energéticos. En primer lugar, tendría que financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de aquellas partidas que estaban aseguradas por el Estado español como las pensiones de los jubilados catalanes, así como los incrementos salariales de los funcionarios del Estado y de los militares. Otro dato a tener en cuenta es que debería continuar haciendo frente a los pagos del servicio de la deuda pública española que le correspondiese, al menos durante algunos años, y realizar algunas provisiones para infraestructuras inacabadas, como las del tren de alta velocidad, y sobre todo las interconexiones energéticas con Francia, consideradas vitales para garantizar un suministro barato.
Una Cataluña independiente debería solicitar el ingreso en todas las estructuras de la Unión Europea. Cataluña también debería superar el examen de convergencia (con criterios como déficit, deuda, inflación y tipo de cambio de su moneda) y negociar su pertenencia y aportación a los instrumentos financieros creados por la zona euro, como el Frob europeo o el fondo de rescate.
En definitiva, por efecto frontera y deslocalización, los flujos comerciales con el resto de España se contraerían un 45%; el stock de Inversión Extranjera Directa se reduciría en 20.000 millones; el impacto en el empleo sería muy grave, provocaría una destrucción de hasta casi 500.000 empleos, el 16% de la ocupación, de modo que la tasa de paro alcanzaría el 34,4%; el déficit público aumentaría al 10,3% del PIB y la deuda pública hasta el 118% del PIB, con vencimientos anuales del 25% del PIB, lo que situaría a Cataluña entre los países más endeudados.
Dicho todo lo anterior, me pregunto… el 41,1% de los catalanes favorables a la independencia, ¿está dispuesto a ser un 20% más pobre y asumir los impactos reseñados? Creo que éste es el tema fundamental que habría que haberles explicado hace mucho tiempo.
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