Por Aurelio García del Barrio, Director del Global MBA con Especialización en Finanzas.
Las crisis políticas siempre han sido recurrentes a lo largo de la historia republicana en Italia. El gabinete de Giuseppe Conte es el 65º en 75 años de democracia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que, en promedio, los gobiernos italianos duran generalmente poco más de un año. Estructuralmente, esto se debe a que Italia es una república parlamentaria caracterizada por gobiernos multipartidistas y por una alta polarización en el sistema de partidos.
El sistema político italiano es inestable debido a varios factores. Uno es la estructuración del sistema de partidos, que es muy débil. Son formaciones no arraigadas, vinculadas principalmente a la figura de un líder que pierde el consenso ante la primera dificultad. Esto está ligado a un cuestionamiento del electorado, que está cada vez más frustrado y que no encuentra respuestas en los gobernantes. Esto explica los resultados fluctuantes de los principales partidos políticos. Hay un sistema que no garantiza la gobernabilidad, que desde 1994 está en una transición interminable.
La coalición de Conte, conformada por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S), el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) y Libres e Iguales (LeU, izquierda), perdió el respaldo clave de Renzi el pasado 13 de enero por su desacuerdo con el Plan de Recuperación para la pandemia. El lunes 18 de enero, Conte logró la mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados mientras que se quedó con la mayoría simple en el Senado, y esto gracias al apoyo de un grupo heterogéneo de diputados y senadores del Grupo Mixto. El resultado también fue posible por la abstención de los 29 diputados y 18 senadores de Renzi.
Desde entonces, el primer ministro ha intentado aglutinar estos apoyos puntuales en un grupo parlamentario para recuperar así la indispensable mayoría absoluta en las dos cámaras, pero finalmente no ha sido posible. En este contexto, el Gobierno afrontaba esta semana una votación en el Parlamento en la que podría quedar por primera vez en minoría: la gestión de 2020 del ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, uno de los miembros más cuestionados del M5S y del Gobierno. Es probable que este informe de gestión no logre convencer a la mayoría de los parlamentarios, sobre todo por su criticada reforma de la prescripción de delitos y por la excarcelación de mafiosos para aligerar las cárceles al inicio de la pandemia. Ante este escollo, constatando su debilidad en el Parlamento, Conte decidió finalmente presentar su dimisión.
Giuseppe Conte, dimitirá para posteriormente negociar una nueva mayoría, que incluiría Italia Viva de Matteo Renzi y otras fuerzas centristas. Su intención será lograr un nuevo encargo del jefe del Estado para formar Gobierno, el tercero en dos años y medio, dada la actual falta de apoyos en la Cámara de los Diputados y el Senado.
Si bien es cierto que esta situación no es nueva para el país transalpino, y que en épocas de crisis sus finanzas has sido positivas, en este momento, donde la pandemia le ha golpeado muy significativamente (desde la detección de los tres primeros casos de coronavirus en Italia, el 15 de febrero de 2020, el número de casos confirmados no dejó de aumentar. A día 18 de enero de 2021, se habían contagiado casi 2,4 millones de personas y se han registrado más de 82 mil decesos), la situación es más complicada.
Italia es la tercera economía de la UE, con una aportación a su PIB de un 12,8%, y ahora mismo necesita estabilidad porque afronta grandes retos. Por un lado, sin duda, la gestión de la pandemia, y por otro la situación económica. El producto interior bruto va a caer un 9% en 2020, aunque con un repunte del 6% en 2021, lo que dejará mucho espacio para una recuperación que no se dará durante varios años. Los incentivos fiscales, darán lugar a una mayor liquidez de los hogares, pero no bastarán para garantizar la recuperación del consumo.
Italia tendrá que recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) beneficiándose de 200 mil millones, ya que, en 2021, el déficit estará en un 7% y la ratio Deuda / PIB llegará a un 155,6%. Los problemas de la economía italiana son numerosos, nivel extremadamente elevado de la deuda de las administraciones públicas (Italia tiene la cuarta deuda pública más grande del mundo después de Japón, Líbano y Yemen) y la ausencia de un ajuste fiscal estructural, una deuda externa neta relativamente elevada, una calidad de los activos del sector bancario aún débil, productividad estancada, el riesgo político y la incertidumbre derivada de la actual dinámica política.
Italia tendrá un nivel de actividad económica más bajo en la fase de recuperación que antes de la crisis, menos empleo, mayores niveles de ahorro de los hogares y mayores niveles de endeudamiento de las empresas no financieras del sector público. También se ampliarán las diferencias en la distribución funcional y personal de los ingresos a muchos niveles entre los sexos y los grupos de edad, entre los sectores y las zonas de producción, las pequeñas empresas, los trabajadores autónomos y los trabajadores menos cualificados serán los que más sufran.
En este contexto, las intervenciones masivas del BCE fueron indispensables en la fase aguda de la crisis, pero no pueden resolver los problemas estructurales. El acceso a grandes sumas de fondos públicos en condiciones muy favorables representa una oportunidad que debe aprovecharse. Si estos recursos se aplican correctamente a los sectores débiles de la economía italiana (desde la salud hasta las escuelas y la infraestructura), podrían dar lugar al salto de productividad y al crecimiento asociado que se espera desde hace 25 años.
Tribuna publicada en El Economista.
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