Con la llegada del nuevo año, la directiva MiFID II debería haber entrado en vigor con el objetivo de otorgar mayor transparencia al sistema, obligando a las entidades a facturar los costes de servicios de análisis por separado, y una mayor eficacia gracias a la formación obligatoria de los profesionales financieros que son los encargados de asesorar al cliente final. Su puesta en marcha ha generado mucha polémica en el sector ya que cuestiona el modelo de negocio de algunas entidades que hasta el momento se hacían llamar independientes.
Entre los principales cambios que recoge MiFID II destacan cuatro aspectos, según el informe elaborado por el IEB, en colaboración con EFPA España y KPMG, titulado “Nuevos Modelos de Negocio en el Asesoramiento Financiero tras las Modificaciones Regulatorias de MiFID II”.
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