Ley MICA: las carencias de este reglamento no tardarán en hacerse patentes

Por José María Viñals Camallonga, profesor del Programa Especializado en Blockchain e Innovación Digital del IEB.

Desde el año 2018, y tras el estallido que tuvieron los criptoactivos en el año 2017 -se estima que el precio del Bitcoin durante dicho año ascendió en un 2.700%- la Comunidad Europea comenzó a desarrollar el proyecto legislativo que ve ahora la luz: la Ley MiCA.

Ante la necesidad de orden en un mercado tan popular y, hasta ahora, tan inseguro a nivel jurídico, la ley MiCA se ha convertido en la primera regulación integral en lo concerniente a las criptomonedas. Este reglamento, que se aplicará a todos los Estados Miembros de la Unión Europea, así como a cualquier empresa que quiera hacer negocios en la UE, no ha tardado en despertar críticas entre los expertos, pese a contar con el apoyo de la mayor parte de la comunidad de criptomonedas en Europa.

Y no es de extrañar pues, tomando en consideración el constante cambio de esta industria, las carencias de este reglamento no tardarán en hacerse patentes. Un ejemplo de esto es el hecho de haber excluido los NFT, por lo que se prevé la UE elabore una legislación complementaria o someta la actual a cambios, en un corto plazo de tiempo.

También MiCA se ha visto sujeta a controversia en una materia tan relevante como la privacidad. Tal y como se encuentra configurada la norma en estos momentos, las empresas de dinero electrónico se encontrarían obligadas a crear una base de datos de los usuarios que utilicen sus plataformas, por lo que la presunta garantía de privacidad de la que Bitcoin hace gala se vería amenazada.

LOS PROS DE LA LEY

Sin embargo, la garantía de seguridad jurídica y estabilidad que las bases de MiCA establecen es innegable. Será una vía para dar seguridad al mercado mediante novedosos métodos como la creación de un registro de aquellos exchanges que operen en Europa, los cuales deberán tener una licencia para ofrecer sus servicios.

Además, MiCA busca hacer frente a tres de los grandes problemas que acompañan a esta industria: el blanqueo de capitales, los problemas medioambientales que puedan suponer y, de forma novedosa, los stablecoins, ya que obligará a sus emisores a mantener una liquidez mínima para hacer frente a las grandes retiradas repentinas de los usuarios.

Salvando las posibles carencias que esta ley pueda presentar, esta debe recorrer numerosas fases que pondrán su efectividad en juego. Pese a haber sido aprobada el pasado 5 de octubre, está previsto que sea el día 10 de este mismo mes cuando el Comité Europeo de las Regiones vote su aprobación. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la UE, la norma entrará en vigor en un período de entre 12 y 18 meses tras la aprobación del proyecto de ley, es decir, no será efectiva hasta principios de 2024.

Incluso entonces, la norma deberá sobrevivir a un período de “prueba” pensado y dirigido para las empresas, las cuales tendrán que asegurarse de que cumplen los nuevos requisitos, así como de que sobre el terreno la norma funciona como estaba previsto.

Tribuna publicada en Funds People.