Resumen de la jornada ‘Longevidad y sus efectos para el mundo asegurador de vida’

El envejecimiento de la población ha generado un intenso debate sobre cómo garantizar unas pensiones dignas y sostenibles. Con el objetivo de arrojar algo de luz sobre estas cuestiones, el pasado jueves 18 de enero el IEB celebró en su sede la jornada longevidad y sus efectos para el sector asegurador de vida.

El evento contó con tres ponentes de lujo y grandes expertos en la materia: José Miguel Rodriguez-Pardo, ex Director General de BBVA Seguros, y especialista en longevidad; Carlos Esquivias, responsable del departamento de Vida y Pensiones de UNESPA; y Gregorio Gil de Rozas, Director de Pensiones de Willis Towers Watson. El moderador de la jornada fue Jesús Pérez, Director del Programa Directivo de Gestión Global del Riesgo en Entidades Aseguradoras del IEB.

Durante la jornada se analizaron los diversos sistemas existentes basados en los tres pilares de la previsión social: público, empresarial e individual, y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos en España así como su comparación con otros países desarrollados. En especial se analizó el impacto de la longevidad en los productos de rentas vitalicias y posibles soluciones para comercializarlos en la llamada “cuarta edad”.

José Miguel Rodríguez-pardo inició la jornada reflexionando sobre la forma en la que las aseguradoras encaran las incertidumbres asociadas a una mayor longevidad. El experto señaló que el ser humano se podría estar acercando a su límite biológico, fijado por el consenso en torno a los 115 años. En este sentido, algunos factores que contribuyeron a aumentar la esperanza de vida -como las estatinas, un medicamento para reducir el colesterol- están perdiendo efecto; mientras que por el contrario se está registrando un repunte de otras causas de mortalidad. A pesar de ello, las aseguradoras muestran prudencia a la hora de comercializar productos relacionados con las rentas vitalicias.

Rodríguez-Pardo criticó la excesiva prudencia del sector y propuso dar mayor importancia a factores como el nivel educativo a la hora de valorar los riesgos. El experto concluyó que era necesario ir hacia un modelo articulado en dos fases: una comprendido entre los 65 y los 85 años (la llamada tercera edad), en el que no existiría una gran incertidumbre para las aseguradoras; y otra que abarcaría la cuarta edad, en la que sí existiría un mayor riesgo, ya que la mortalidad se desacelera.

Por su parte, Carlos Esquivias abordó los efectos del envejecimiento de la población desde una perspectiva económica. El directivo de UNESPA destacó que España es uno de los países de la UE con menor tasa bruta de natalidad (8,8 nacidos por cada 1.000 habitantes) y una relación afiliados / pensionistas que en diciembre de 2017 se situaba en 2,23. Unos datos preocupantes que se ven agravados por unos niveles salariales que no se están recuperando a la misma velocidad que el empleo, así como por el hecho de que la Seguridad Social acumula siete años consecutivos de déficit. Por ello, la CE estima que nuestro país es el que más va a caer la tasa de sustitución de la pensión pública respecto del último salario.

El experto señaló que ya se han tomado cuatro grandes medidas para reducir la tasa de sustitución, que actualmente es una de las más altas de Europa, y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En concreto: ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años, elevar el periodo de cómputo de 15 a 25 años, desindexar las pensiones del IPC e introducir el factor de sostenibilidad de las pensiones públicas reduciéndolas conforme aumenta la longevidad. No obstante, matizó que estas medidas no han terminado de tener éxito.

Carlos Esquivias apuntó que una de las posibles soluciones para este problema se encuentra en el sector privado. Y, en concreto, en los llamados sistemas de Previsión Social Complementaria. El experto recomendó crear incentivos fiscales estables para estos sistemas y fomentar su cobro en forma de renta vitalicias, una modalidad que eliminaría el riesgo de sobrevivir a los propios ahorros.

Por último, Gregorio Gil de Rozas abordó el problema de la sostenibilidad de las pensiones y recordó que el margen de acción público es limitado, ya que este debate tiene un importante componente político, ya que en España existen 9,5 millones de pensionistas y los partidos no quieren perder su apoyo. El margen de acción también se ve limitado por el hecho de que España es un país que ha basado gran parte de la financiación de las pensiones en un solo pilar, la financiación pública, dejando de lado los otros dos: la empresa y el ahorro individual.

Ante este problema de sostenibilidad de las pensiones públicas, el experto aconsejó fomentar la educación financiera, para conseguir que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de ahorrar para la jubilación; así como de incentivar los planes de pensiones de las empresas.

Posteriormente, durante el turno de preguntas se analizaron los diversos sistemas existentes basados en los tres pilares de la previsión social: público, empresarial e individual, y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos en España así como su comparación con otros países desarrollados. En especial se analizó el impacto de la longevidad en los productos de rentas vitalicias y posibles soluciones para comercializarlos en la llamada “cuarta edad”.

Para finalizar se presentó el Programa Directivo de Gestión de Riesgos de entidades aseguradoras (GREA), IFRS 17 y el cambio tecnológico, cuya 9ª edición arranca el próximo 1 de febrero. Este programa está destinado a los profesionales del sector asegurador que quieren alcanzar una elevada especialización en la gestión de los riesgos en entidades aseguradoras.