El derecho penal económico es un área muy amplia que engloba todo tipo de delitos en los que puede incurrir una persona jurídica: desde estafas a delitos societarios, fiscales, contra el patrimonio, contra la seguridad social, contra los derechos laborales o incluso contra el medio ambiente. Esta rama del derecho en general y el compliance en concreto son conceptos de máxima actualidad, aunque ya han pasado siete años desde la introducción en el Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y dos desde la reforma que permitió atenuar o exonerar la responsabilidad legal de aquellas empresas que contaran con adecuados modelos de prevención de delitos.
De hecho, el compliance y la conducta de las empresas se ha convertido en el gran tema jurídico de 2017, según una encuesta realizada por Expansión entre los socios directivos de las principales firmas legales de España. Aunque las compañías llevan años analizando cómo adaptarse a los cambios legales, este año han comenzado a despejarse las incertidumbres sobre la aplicación de estos modelos de prevención que permiten evitar responsabilidad penal en el caso de que un empleado cometa un delito.
Las compañías son cada vez más conscientes de la importancia del compliance. Especialmente, en un entorno en el que la lucha contra la corrupción política y corporativa se ha convertido en una preocupación social. Casos como la imputación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en marzo de este año reflejan los crecientes esfuerzos de las autoridades por combatir este tipo de delitos. Por ello, las empresas cotizadas han comenzado a recurrir a los bufetes no solo para procedimientos legales, sino también para la implantación de modelos de prevención de delitos.
Según Cinco Días, la demanda de este tipo de servicios es tan elevada, que muchas firmas legales, entre ellas Écija o Ramón y Cajal Abogados, están optando por crear un área dentro de sus departamentos de derecho penal económico especializado en compliance penal. A su vez, han comenzado a contratar especialistas para reforzar estos departamentos y cubrir así las demandas de las empresas, que prefieren acudir a despachos externos para la elaboración de estos modelos de cumplimiento normativo. Los expertos consultados por Cinco Días prevén que la demanda de especialistas en compliance y derecho penal económico siga creciendo en los próximos años.
Esto representa una enorme oportunidad para quienes estén interesados en esta área del Derecho. IEB, considerado por Financial Times como una de las 100 instituciones docentes más innovadores del mundo que imparten formación legal, dispone de un programa de Derecho Penal Económico dirigido a profesionales del mundo del Derecho y estudiantes de grado y posgrado jurídico. Este programa se caracteriza por un enfoque práctico basado en la experiencia y en la capacidad docente del claustro de profesores, entre quienes figuran profesores y ponentes de la talla de Eduardo de Urbano, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; Eloy Velasco, magistrado de Sala de la Audiencia Nacional; Ignacio Gordillo, ex fiscal de la Audiencia Nacional; o Ana Belen Alonso, letrado del Tribunal Constitucional.
Según De Urbano, «el mercado va a requerir cada vez más, profesionales que complementen sus conocimientos bursátiles y financieros con una preparación jurídica en materia penal económica».
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