El próximo 3 de enero comienza la aplicación de la directiva MiFID II, cuyo objetivo es reforzar la protección al inversor, aumentando la transparencia en la comercialización de productos financieros y de inversión. Y es que, la crisis ha dejado al descubierto importantes carencias y malas prácticas. «La creciente complejidad de los productos y servicios de inversión, la continua innovación en su diseño y las malas prácticas de distribución de los mismos y, por tanto, el incremento de la litigiosidad derivada de su comercialización han puesto de manifiesto la necesidad de revisar la relación de la industria de inversión con los inversores», afirma Jesús H. Sarría, experto del Departamento de Análisis del IEB, para justificar la necesidad de una nueva normativa.
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