Por Ramón Casilda Béjar, consejero y asesor estratégico iberoamericano y profesor del IEB.
Proponemos que la “nueva política económica internacional de España hacia América Latina para el siglo XXI” se formule desde un “pensamiento estratégico”, “basado en una cooperación público-privada que permita la construcción de una efectiva red colaborativa que proporcione información inteligente, a los efectos de poder sumar sinergias en un entorno cambiante, inestable y complejo, imprimiendo una nueva dimensión, una mayor capacidad, profundidad y dinamismo”.
Un pensamiento estratégico, teniendo en cuenta cuestiones fundamentales que registran los nuevos escenarios que en ocasiones resultan contradictorios, que impactan, condicionan y en consecuencia afectan o benefician las inversiones y la presencia de las empresas españolas, así como a las nuevas que accedan a estos mercados.
Un pensamiento estratégico que:
- Incorpora la internacionalización de las empresas como una de las fuerzas más dinámicas de la economía española, debiendo establecer sinergias, para que no pierda ni erosione su protagonismo, donde el mayor volumen, riesgo y beneficios de las inversiones se encuentra en esta región.
- Exporta normativas, teniendo en cuenta que la UE ya lo hace a través de una estrategia diferenciada respecto a China. La UE exporta su modelo de integración y de gobernabilidad a través del regionalismo y del interregionalismo.
- Posiciona España como centro principal para la entrada de las empresas y las inversiones latinoamericanas hacia Europa, y de Europa hacia América Latina.
- Amplía la presencia española en las organizaciones internacionales e instituciones multilaterales, contando con una mayor cooperación público-privada.
- Constituye un importante recurso estratégico. Esto supone conducir con luces largas, y nuestro país —como sus empresas— debe emplearlas hoy más que nunca con imaginación y audacia, rigor y compromiso, para vigorizar la presencia de España en América Latina y el mundo.
La actual situación económica y geopolítica, desencadenada por la ilegal invasión rusa de Ucrania, representa una ventana de oportunidad para potenciar el vínculo de España con América Latina y a la vez con la Unión Europea.
El objetivo es que España se posicione como el eje articulador entre la UE y ALC y se reafirme como el puente o hub más efectivo, para acercar ambas regiones, desarrollar redes comerciales que incrementen las exportaciones, promover inversiones y sentar las bases de una asociación en que ambas partes ganen.
España debe abrirse paso en el nuevo ciclo latinoamericano que busca un nuevo modelo económico, una vez que han quedado al descubierto sus debilidades y carencias, pasado el boom de la materias primas, que muy probablemente no volverá, al menos con la intensidad que se dio en el periodo de fuerte crecimiento durante los años 2004-2011.
De manera que en ALC, se cierran unos espacios y se abren otros, que ponen a prueba el liderazgo de España como primer inversor europeo y segundo mundial. En este sentido, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha manifestado que España va a ser la gran impulsora de los intereses latinoamericanos en la UE. El objetivo, ha remarcado, es «reforzar los lazos que nos unen con América Latina y el Caribe, mediante unas relaciones basadas en la dignidad y el respeto».
A los efectos, Pedro Sánchez anunció que se celebrará una cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que ejercerá por quinta vez en el segundo semestre de 2023, teniendo entre sus objetivos principales estrechar así como abrir nuevas ventanas de cooperación para de esta manera, a la vez que renovar, potenciar la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
La nueva política económica internacional de España hacia América Latina
La nueva política económica internacional de España hacia América Latina para el siglo XXI la defino como: “El conjunto de medidas que emplean o asumen los Estados con el propósito de incidir en el entorno, para favorecer el flujo de bienes, servicios, inversiones y capitales financieros en el exterior de acuerdo con sus intereses comerciales y económicos”.
La nueva política económica internacional de España hacia América Latina para el siglo XXI debe estar regida por los principios de coherencia y coordinación y debe contribuir vigorosamente al aumento del stock y de los flujos de inversión, así como potenciar la percepción y la influencia de España y por extensión de la marca país como factor de credibilidad.
La nueva política económica internacional debe permitir a España, como primer país inversor europeo y segundo mundial en ALC, alinear su peso económico con su influencia, que actualmente no se corresponde con la importancia de sus inversiones.
La nueva política económica internacional debe potenciar el protagonismo de España en las relaciones de la UE con Latinoamérica y el Caribe
La nueva política económica internacional tiene que ser tan ambiciosa como audaz, pero al mismo tiempo precisa y ajustada, según las necesidades, peculiaridades e intereses con cada país e incluso para cada bloque comercial regional.
La nueva política económica internacional debe potenciar el protagonismo de España en las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Las dos regiones son portadoras de históricos vínculos, siendo la UE el segundo inversor y tercer socio comercial en ALC. Además, hay que tener en cuenta que las instituciones europeas impulsaron activamente el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños, acompañando en varios procesos de paz y de mediación en la región, donde España es un claro ejemplo por sus actuaciones y compromiso, como lo demostró en Centroamérica.
La nueva política económica internacional debe tener muy en cuenta la irrupción de China, que ha hecho que las relaciones entre la Unión Europea y ALC hayan decaído y se encuentren en estos momentos, por así decirlo, al ralentí. China, con su reconocido pragmatismo, ha empleado tres palancas bien visibles en la región: “Comercio, inversión y cooperación financiera”.
La nueva política económica internacional, además, debe continuar robusteciendo la política impulsada por España, materializada en el desarrollo, a partir de 1999, de un esquema de cumbres iberoamericanas que reúnen a los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones y que han servido para dar un impulso político a los temas de interés común. Estas cumbres han contribuido, entre otras cuestiones, a la negociación de acuerdos de asociación entre la UE y los países latinoamericanos.
Como resultado de este proceso, la UE mantiene Acuerdos de Asociación con México —pendiente de renovación—, Chile —ya renovado—, Centroamérica y un Acuerdo de Asociación Económica con el Foro del Caribe (Cariforum, por sus siglas en inglés), más un Acuerdo Comercial con Colombia, Perú y Ecuador, y pendiente de aprobación el de más envergadura con Mercosur, quedando así la práctica totalidad de la región cubierta por acuerdos preferenciales con la UE.
Las relaciones económicas y comerciales de UE-ALC, aunque densas, necesitan coronarse con la aprobación de los acuerdos de asociación que pueden significar el punto de inflexión, y muy especialmente con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, cuya definitiva ratificación se encuentra bloqueada por Francia, que exige un compromiso de Brasil contra la deforestación de la Amazonía y el medio ambiente.
El cambio político en Brasil, con la llegada a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, podría desatascarlo, con nuevos avances sobre los compromisos ambientales clave para la Unión Europea: deforestación y la emisión de carbono. La cumbre del clima de Naciones Unidas en Sharm el-Sheij (Egipto, COP27), fue el mejor marco posible para el regreso de Brasil a la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Así lo anunció en la ciudad egipcia el presidente Lula da Silva. También por esos mismos días, en la cumbre del G-20 en Bali, Brasil firmó con Indonesia y República del Congo, que albergan juntos el 52% de los bosques tropicales del planeta, una especie de OPEO de los árboles para cooperar en su preservación.
Las medidas se concretaron en el primer día del mandato del presidente Lula da Silva, que restableció una serie de decretos que intentan fortalecer la protección de la Amazonía, cuya destrucción anual promedio creció el 75% respecto a la década anterior durante la Administración del presidente Bolsonaro. Lula instituyó una «comisión interministerial permanente de prevención y control de la deforestación», al mismo tiempo que ordenó reactivar el Fondo Amazonía, creado en 2008, para captar donaciones destinadas a inversiones de preservación de la floresta. El Fondo Amazonía estaba congelado desde 2019 por diferencias entre los gobiernos de Noruega y Alemania —principales donantes— con la Administración de Bolsonaro por la gestión de los fondos. Noruega anunció en noviembre de 2022 que reanudará los aportes y en vísperas de la asunción de Lula, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, anunció que liberarían 35 millones de euros para el fondo. Se completaron las medidas con la revocación del decreto que permitía la minería en áreas indígenas y de protección ambiental.
También puede ayudar a vencer el bloqueo el acuerdo sobre el reglamento de productos libres de deforestación del Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea (6-12-2022). El texto establece un sistema de diligencia debida que obligará a las empresas que venden o comercializan determinadas materias primas en el mercado de la UE a rastrear su origen y demostrar que no están vinculadas a la destrucción, degradación de los bosques o violaciones de derechos humanos. Los sectores incluidos en el reglamento son: aceite de palma, café, cacao, soja, madera, carne bovina y caucho y también los productos derivados, como cuero, chocolate, carbón vegetal o productos de papel impreso.
La versión definitiva incluye una definición más amplia de degradación forestal que incluye la conversión de bosques primarios y bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras tierras boscosas y la conversión de bosques primarios en bosques plantados. Se mantiene la fecha de aplicación retroactiva del reglamento en el 31 de diciembre de 2020, el Parlamento Europeo quería adelantarla a diciembre de 2019. Se espera que la entrada en vigor del acuerdo sea rápida, y una vez lo haga, los operadores tendrán 18 meses para adaptarse a las nuevas reglas.
Conclusiones, ni definitivas ni cerradas
No hace falta recordar el peculiar e histórico momento que vivimos, como tampoco es necesario insistir que, para España, América Latina es un socio estratégico por los vínculos históricos portadores de una identidad cultural y lingüística compartida, que durante los últimos años se han incrementado de manera muy significativa debido a los flujos migratorios hacia nuestro país, algo que también ha contribuido a entablar nuevos nexos económicos, culturales y sociales.
Siendo preciso puntualizar que tanto las inversiones como la internacionalización de las empresas españolas en América Latina no dejan de constituir un proceso dinámico, que por un lado ofrece múltiples oportunidades: favorece la internacionalización de la economía española y permite a las empresas el despliegue de activos y ventajas competitivas de una manera más efectiva y eficiente, consiguiendo economías de escala, y por otro muestra serios riesgos y desafíos: contextos económicos y escenarios inestables, riesgo de cambio, nuevas preferencias de los consumidores, normativas y regulaciones.
Y siempre resaltaré que fueron los mercados latinoamericano quienes enseñaron a las empresas españolas las habilidades y experiencias para el manejo de inversiones extranjeras directas, que van bastante más allá de la mera adquisición de activos en un tercer país y, además, les proporcionaron el tamaño necesario y las capacidades básicas organizativas para enfrentarse con éxito al desafío de la economía global.
España debe afianzarse en el tablero del ajedrez económico y competitivo latinoamericano, por lo cual, bien puede ser este el momento de reformular la relaciones económicas y comerciales por medio de la nueva política económica internacional de España hacia América Latina para el siglo XXI.
Tribuna publicada en Cotizalia.
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