Por Jesús Pérez, profesor del IEB.
El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos tiene previsto aumentar un 0,9% las pensiones en 2020. Hace unos días, el Tesoro presentó su estrategia de financiación para este año, en la que figura una prórroga del préstamo a la Seguridad Social por valor de 13.800 millones de euros.
El nuevo Gobierno de coalición tiene previstas varias medidas relativas al sistema de cotización y pensiones. Ambos partidos quieren que las pensiones se actualicen conforme al IPC real mediante ley y de forma permanente, con el objetivo de aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Además, han acordado poner en marcha un nuevo Pacto de Toledo, reducir la brecha de género en esta materia y revisar las pensiones de viudedad.
Si analizamos los criterios que se siguen en la mayoría de países europeos para revalorizar las pensiones y las diferencias que existen con nuestro modelo de actualización de pensiones, España es un caso único en Europa.
Ninguno de los países vecinos establece un Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) como único referente para revalorizar las pensiones. En la mayoría de los casos, los países actualizan las pensiones mediante fórmulas que combinan la variación de los precios y los salarios, variables que están relacionadas con la evolución del coste de la vida y la situación económica del país.
En algunos casos, solo se considera la evolución de una de las dos variables mencionadas (precios o salarios) y en otros casos se incluyen otras dos variables junto al incremento de los precios (el PIB 2 veces y los ingresos de los impuestos sociales). Por otra parte, tan solo dos países de la Unión Europea deciden, anualmente, la revalorización de pensiones sin una norma fija.
Prácticamente todos los países consideran variables que tienen un efecto positivo sobre la suficiencia de las pensiones en el largo plazo (vinculando la revalorización a previos y/o salarios). Al igual que España, algunos países también incluyen mecanismos automáticos de equilibrio de los sistemas de pensiones o incluyen factores de sostenibilidad que vinculan la prestación a la esperanza de vida – que de momento no se ha puesto en funcionamiento en el caso de España-.
Lo que es realmente excepcional del caso español con respecto al resto de países es que, en España, en el proceso de revalorización de las pensiones, sólo se tienen en cuenta criterios que afectan a la sostenibilidad de las pensiones (factor de sostenibilidad e IRP) y no a la suficiencia (no hay ninguna referencia a la evolución de los salarios en el proceso de revalorización de pensiones).
La única vinculación que establece el IRP con alguna de estas variables – clave para garantizar la suficiencia de las pensiones- es que el resultado que se obtenga de la fórmula del IRP (que al igual que los mecanismos automáticos de otros países analiza, fundamentalmente, el equilibrio financiero del sistema), alcanzará como mínimo un 0,25% y como máximo el IPC +0,50%. Este índice de revalorización momento en España está actualmente desactivado, de forma que el Gobierno decide cada año la revalorización de las pensiones.
Sin embargo, otros países que tienen mecanismos automáticos de equilibrio, Suecia y Alemania, sí incluyen la evolución de los salarios en el proceso de revalorización de pensiones, es decir, combinan medidas de suficiencia y de sostenibilidad.
En definitiva, en España se deben acometer medidas de calado y con sentido para el sostenimiento de las pensiones públicas más allá de las subidas aleatorias anuales.
Tribuna publicada en Funds People.
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