José María Viñals Camallonga, socio de Squire Patton Boggs y director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB.
En el mes de abril la Unión Europea se mantuvo firme en su condena a Rusia, su gobierno y su ejército. Las imágenes de Bucha conmovieron al mundo. En este contexto de condena unánime, los 27 acordaron el quinto paquete de sanciones donde se incluían -por primera vez- restricciones a la importación de carbón desde Rusia, la prohibición de entrada de buques rusos en los puertos europeos, medidas contra el sector público, así como otras restricciones financieras. Estas medidas se sumaron a la ya extensa batería de sanciones desplegadas con el propósito de dañar a la economía rusa y, en consecuencia, frenar la escalada del conflicto en territorio ucraniano. El ya anunciado, y pendiente de aprobación, sexto paquete, incluiría nuevas restricciones que elevarían las sanciones frente al Kremlin al nivel de las que tiene el régimen de Pyongyang.
El sexto paquete apuntaría directamente a la joya de la corona de la economía rusa, es decir, al sector del gas y del petróleo, que constituye la columna vertebral del sector exterior ruso y la principal fuente de financiación del gobierno de Putin. Según la propia Comisión Europea, las exportaciones de petróleo y productos derivados constituyen una de las principales fuentes de ingreso por las que Rusia financia su esfuerzo bélico en Ucrania. Esto aumenta la paradójica situación en la que se encuentra la Unión Europea (UE) y que recuerda a un “león desdentado”. Es decir, la UE tiene la virulencia de un león cuando condena al Gobierno ruso y su ejército, pero a la hora de hacer efectivas sus amenazas, lejos de morder, sigue alimentando a su rival, llenándole los bolsillos de recursos y divisa fuerte. Todo ello en detrimento de aquellos a los que pretende ayudar y que se enfrentan en el campo de batalla a la maquinaria bélica rusa, en parte financiada por aquellos que dicen querer protegerlos.
El posicionamiento por parte del bloque europeo ha sido tradicionalmente firme desde el inicio de las operaciones rusas en Ucrania y las diferencias de perspectiva entre los países integrantes de la Unión han sido relativamente compartidas. Sin embargo, el mecanismo de aprobación de las sanciones que no estén previamente aprobadas por las Naciones Unidas exige la unanimidad de todos y cada uno de los 27 Estados Miembros. Hasta ahora, la Unión había conseguido llegar a acuerdos amplios a gusto de todos, pero ahora parece que el chicle del consenso no se puede estirar más. El motivo: el oro negro de Moscú.
El mecanismo de aprobación de las sanciones se inicia con una propuesta del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que posteriormente pasa por diversos comités, comisiones y organismos para finalmente pasarla por la unanimidad del Consejo Europeo. Hasta ahora, la complejidad del sistema había aguantado y se habían salvado situaciones muy complejas en el último minuto.
La búsqueda de la unanimidad del sexto paquete de sanciones ha tropezado con el país que paró la invasión de las hordas mongolas en el siglo XIII, que se rebeló contra la URSS y a principios del siglo XX era el otro socio del mayor y más antiguo imperio europeo. Hungría, pese a su indiscutible tradición de potencia regional europea, es también dependiente de la energía suministrada por Rusia. Parece que las diferentes medidas que se han ido implementando por parte de la UE han contribuido a la creciente vulnerabilidad de la economía húngara, cuyo sacrificio parece difícilmente asumible para Orban y su gobierno.
La problemática se acrecienta con la última medida aprobada por el presidente Putin, que exige que los pagos por las diversas fuentes de energía se hagan –en última instancia- en rublos por medio de un mecanismo de cambio de moneda que llevaría a cabo una entidad bancaria sectorialmente sancionada por la UE y que –bajo determinadas circunstancias- podría derivar en un incumplimiento de sanciones ya en vigor.
Las negociaciones en el seno de la Comisión llevan varias semanas bloqueadas, explorando vías que permitan la aprobación del sexto paquete. Una de las propuestas planteadas por los dirigentes húngaros incluye la posibilidad de aprobar el paquete sancionador con un derecho de reserva, o de opt out, solución que no parece haber sido muy bien recibida por parte del bloque occidental de la UE, que no acepta una brecha tan importante en la futura efectividad de sus sanciones. Checos y eslovacos parecen haberse sumado a la petición de excepciones para sus –también- dependientes economías. Los chipriotas parecen haber condicionado también su voto a que la UE ponga su mira sancionadora sobre Turquía, su histórico archienemigo y con quien comparten –muy a su pesar- su preciosa isla. En medio de todo este sainete de incoherencias e intereses encontrados, la opinión pública europea asiste estupefacta a cómo el oro negro ha convertido a la próspera Unión en un león sin dientes.
Tribuna publicada en Cinco Días.
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